Eliminar, rectificar, actualizar, desindexar o posicionar: qué ruta corresponde a su caso según el país

El marco legal cambia mucho entre regiones: en España y la UE existe un derecho reconocido frente a buscadores, mientras que en Estados Unidos y en gran parte de Latinoamérica no existe uno general. Esta es una síntesis; cada caso requiere revisión de un abogado local.

España y la Unión Europea. Es la jurisdicción más favorable. Desde la sentencia Google Spain (TJUE, C-131/12, 2014), una persona puede pedir al buscador que retire enlaces asociados a su nombre cuando la información es inadecuada, irrelevante o excesiva (Universidad de Oviedo). El RGPD lo recoge en su artículo 17 y la LOPDGDD, en los artículos 93 (búsquedas) y 94 (redes sociales) (AEPD). La vía habitual es pedirlo primero al buscador mediante su formulario europeo y, si lo deniega, reclamar ante la AEPD. Los límites son la libertad de información, el interés público y el perfil público del solicitante; además, el retiro se aplica a las versiones europeas del buscador y el TJUE no ha impuesto un retiro mundial (asunto C-507/17, 2019).

Estados Unidos. No existe un derecho general al olvido. La Sección 230 de la Communications Decency Act protege a plataformas y sitios frente a la responsabilidad por contenido de terceros, pero no al autor del contenido (EFF; texto legal). En la práctica, demandar a la plataforma suele fracasar. Lo que sí funciona es denunciar el contenido por las políticas de la plataforma, obtener una orden judicial contra el autor (por difamación, por ejemplo) y usar las políticas de Google sobre datos personales. Para fotos de arresto, Google ajustó su algoritmo para degradar los sitios que las republican con fines de lucro (CJR) y algunos estados, como Oregon y Georgia, aprobaron leyes que obligan a retirarlas sin costo si hay exoneración o antecedentes cancelados (Ifrah Law). La ley varía por estado: verifique la del suyo. En mayo de 2025 se promulgó además la Take It Down Act, sobre imágenes íntimas no consentidas (Revision Legal).

Colombia. No hay una ley específica de derecho al olvido frente a buscadores; la regla viene de la Corte Constitucional. En la sentencia T-277 de 2015 (12 de mayo), la Corte no ordenó eliminar la noticia: ordenó rectificar y pidió al medio limitar su difusión con herramientas técnicas como robots.txt y metatags, sin imponer obligaciones a Google (ECIJA; Enter.co). La T-725 de 2016 afirmó el deber de los medios de actualizar la información (guía sobre derecho al olvido). La SU-420 de 2019 fijó pautas para la tutela contra publicaciones en redes sociales, con análisis caso a caso. Para datos en centrales de riesgo aplica el hábeas data (Leyes 1266 de 2008 y 1581 de 2012) y la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) es la autoridad de protección de datos (SIC, concepto). Los plazos de caducidad del dato negativo cambiaron con la Ley 2157 de 2021: verifique el vigente para su caso.

Chile. La Corte Suprema ha sostenido que el derecho al olvido no está establecido en la legislación y que los buscadores solo indexan información creada por terceros (Actualidad Jurídica, rol 54-2020). En el caso Abreu dejó abierta la puerta cuando la información indexada es falsa o no está actualizada (ECIJA). Por eso, hoy las rutas más sólidas son rectificar y actualizar en la fuente. El escenario cambia el 1 de diciembre de 2026, cuando entra en vigencia la Ley 21.719, que crea la Agencia de Protección de Datos Personales y refuerza los derechos de acceso, rectificación, supresión, bloqueo, oposición y portabilidad (BCN; AZ Abogados). Cómo se aplicará a medios y buscadores es una pregunta abierta: dependerá de la Agencia y de los tribunales.

México. La nueva Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares (publicada el 20 de marzo de 2025 y vigente desde el 21 de marzo) mantiene los derechos ARCO frente a quien trata datos y designa como autoridad a la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, en sustitución del INAI; sus resoluciones se impugnan por amparo (Garrigues). Su aplicación a medios de prensa y buscadores es limitada y debe analizarse caso por caso con un abogado local.

Argentina. En el caso Denegri c/ Google (28 de junio de 2022), la Corte Suprema rechazó ordenar la desindexación pedida por una figura pública y señaló que la ley regula el olvido solo para información financiera y antecedentes penales (Abogados.com.ar). Según análisis posteriores, la puerta queda abierta para personas privadas en casos excepcionales (Derecho en Zapatillas).

Brasil. En 2021, el Supremo Tribunal Federal (Tema 786) declaró incompatible con la Constitución el derecho al olvido entendido como poder de impedir, por el paso del tiempo, la divulgación de hechos verídicos y lícitos; la protección de la personalidad se canaliza por otras vías, caso a caso (Damásio).

Resto de Latinoamérica. Existen leyes de protección de datos con derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición frente al responsable del tratamiento, pero el reconocimiento expreso de la desindexación en buscadores es desigual (ECIJA).